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"Malestar" y "desilusión" entre los aspirantes a las oposiciones de Nivel E del Gobierno foral

"Desilusión", "malestar", "resignación"… Minutos antes de comenzar el examen, el Aulario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) era un hervidero de gente y sensaciones encontradas. Divididos en dos grupos, 10.279 personas estaban llamadas este domingo a presentarse a las oposiciones para una de las 65 plazas de Nivel E convocadas por el Gobierno de Navarra. Y muchos lo hicieron con evidente "indignación". Unos a las 10.00 de la mañana y el resto, a las 13.00 horas. Finalmente, sólo el 47,8 por ciento de los convocados, 4.918, decidió presentarse.




Los motivos del descontento fueron diversos y, según explicaron algunos de los opositores, afectaron a su preparación. El principal, la reducción del número de plazas ofertadas, ya que sólo se dispusieron 65 de las 167 previstas inicialmente -55 para Servicios Generales, 3 para empleados de Servicios Múltiples y 7 para vigilantes de museos-. Pero también hubo otras razones que propiciaron las críticas de los aspirantes: el "retraso" en la convocatoria del examen, la inclusión en el temario del apartado referente a cocina, "cuando se habían suprimido casi todas las plazas" de esta especialidad; la "escasa" duración de las pruebas -20 y 40 minutos para dos tests de 50 y 75 preguntas respectivamente-; o la "ampliación del plazo de inscripción", una vez que "ya se había cerrado". Tras conocerse las bases finales de la oposición, 2.043 personas solicitaron la devolución de las tasas abonadas. Miembros del Tribunal apuntaron a este medio que las respuestas de los cuestionarios se harán públicas este lunes en el tablón de anuncios y la web del Gobierno de Navarra, mientras que los resultados provisionales se darán a conocer por el mismo método a última hora del martes o a lo largo del miércoles.



Elena Inda, de 36 años, aseguró que se siente "fatal" y "resignada". "Es un engaño a todos los que nos presentamos. La reducción de las plazas ha sido drástica. Nos han hecho creer que había plazas, pero parece que han ido a recaudar dinero, a coger los 15 euros de cada uno de los aspirantes… Al final te presentas porque te has preparado, pero con pocas perspectivas de sacar una plaza con tantas personas examinándose", analizó de entrar en el aulario.



Junto a ella, Ana María Fernández, de 43 años, también se mostró especialmente enojada con la gestión del Ejecutivo navarro: "Lo que más me ha molestado ha sido la organización, que hayan quitado de repente tantas plazas pero no el temario específico de las plazas suprimidas, especialmente en el apartado de cocina. No han retirado toda la oposición por vergüenza torera y por no tener que devolver todas las tasas. Han mantenido estas plazas de cara a la galería, pero para el turno libre sólo hay 26, porque las demás son de turno de promoción y discapacidad".



A juicio de Fernández, son muchos los aspectos en los que se ha actuado "mal". "El tiempo para responder a los cuestionarios es escasísimo, ya que no tenemos ni siquiera un minuto por pregunta. No pedí la devolución de las tasas porque estoy en paro y tengo que intentarlo. Antes trabajaba en Gamesa de Alsasua, pero me quedé sin empleo tras el cierre de la compañía. Acababa de adoptar a dos niños de Etiopía, renuncié a la recolocación porque en ese momento no podía estar todo el día fuera de casa y finalmente, decidí presentarme", resaltó.



"DESCONTROL" Y "CACHONDEO"



Para Javier Hernández, de 23 años, los meses previos al examen se caracterizaron por el "descontrol". "Primero dieron una fecha, luego se atrasó… Han actuado viéndolas venir. Todo eso te influye de manera inevitable. Yo, por ejemplo, me preparé en verano porque estoy estudiando y ahora no he podido prepararme tanto. Y no he pedido la devolución de las tasas porque como había estudiado en su momento, tenía que intentarlo. Pero estoy molesto porque no han respetado las fechas iniciales previstas", argumentó.



Tal vez todos estos factores hayan propiciado que personas como Betania Ibáñez, de 30 años, llegaran al día de la prueba "con pocas ganas". En su caso, se había formado a conciencia en una academia, pero apenas alberga esperanzas de obtener el ansiado trabajo en la Administración. "Estoy completamente desilusionada. Si antes ya era muy difícil, ahora tengo muy pocas posibilidades. Visto lo visto, con aprobar y entrar en las listas de contratación temporal me conformo. No espero plaza tal y como está el tema", subrayó.



Miriam Eraso, también de 30 años, fue contundente a la hora de definir estas oposiciones. "Entre una cosa y otra, ha sido un cachondeo. Han ido cambiando todo. Estoy descontenta porque han hecho todo muy mal. Tú cuando te presentas o te vas a preparar cuentas con un número de plazas concreto y ahora, sin embargo, es que hay poquísimas… Otra de las cosas que se han hecho mal es que ampliaron el plazo de inscripción cuando ya se había cerrado. Entonces, aún se presentó más gente", remarcó.



En la misma línea se manifestó Gorka de las Heras, de 29 años, que calificó de "vergonzoso" todo lo ocurrido. No obstante, no comparte algunas de las críticas vertidas hacia el Gobierno que preside Yolanda Barcina, ya que a su juicio, "la reducción de plazas hay que verla como en una empresa cualquiera", donde "si no tienes dinero para contratar a 200, contratas a 10". Ahora bien, aunque "no se puede achacar tanta culpa" al Ejecutivo foral por esta cuestión, "sí se le puede responsabilizar por los sueldos tan altos que se han atribuido mientras aquí reducen el número de puestos".



CARAS LARGAS TRAS EL EXAMEN



Tras las pruebas, varios aspirantes confirmaron que sí les habían formulado preguntas sobre el temario de cocina, tal y como sospechaban. Y calificaron de "complicados" los cuestionarios. "A pesar de lo ocurrido con las plazas de cocina, había preguntas sobre alimentos. Ha habido muy poca formalidad y seriedad por parte del Gobierno de Navarra. Saben jugar muy bien con las ilusiones de la gente, cuando todos somos trabajadores y vamos de frente. Ellos, mientras tanto, hacen las cosas por la espalda y sin que tengamos ni idea de lo que hay detrás", señaló Ricardo Castillo, de 32 años.



Poco antes de abandonar la UPNA, Daniel Álvarez, de 27 años, también se sumó a la oleada de reproches hacia el Departamento de Administración Pública, que dirige Roberto Jiménez. "Todos estos meses han sido de locura. Me siento indignado, pero ahora poco puedo hacer. Ya sólo toca esperar a los resultados", indicó visiblemente resignado.

oposiciones

Tras algunos años sin convocatorias multitudinarias de oposiciones, el recinto ferial de Silleda volvió a recuperar parte aquel esplendor, aunque de una forma más modesta. Ayer, los pabellones 1 y 2 de la Semana Verde acogieron el primer examen de las pruebas para auxiliar administrativo de la Xunta , a las que estaban convocadas 6.729 personas, de las que finalmente acudió la mitad, 3.484.


A pesar de que la crisis económica fuerza a muchos gallegos a retomar los libros, la escasez de plazas fue la culpable de mermar de tal modo la afluencia. Y es que la Xunta saca solo 30 plazas, de modo que para cada uno de estos puestos hay 116 candidatos, según las matemáticas. Porque, en realidad, la competencia es aún mayor, ya que de esa treintena de puestos, 3 se reservan a personas con discapacidad. Este sector mostró ayer sus quejas por la organización de la convocatoria. El presidente del tribunal, Alfonso Blasco, explicaba que en anteriores exámenes los discapacitados "entraban por una puerta concreta, necesitasen o no adaptación para realizar el examen". Pues bien, ayer debían hacerlo por la puerta 1, sobre la que lucía un pequeño cartel con la leyenda "Opositores da base L.1.1" que, para evitar palabras presuntamente discriminatorias, se refería a este cupo de examinandos. La falta de información sobre este nuevo método provocó que muchos de ellos se equivocasen de puerta, aunque entraron tras el llamamiento del resto de candidatos. A las mencionadas tres plazas para discapacitados concurrieron 133 aspirantes (25 de ellos, con adaptación), aunque se había convocado a 309.

Bolsos y teléfonos móviles

Ésta no fue la única incidencia de la jornada. En los últimos años, la organización no activa un servicio de recogida de teléfonos móviles. Sin embargo, algún que otro despistado tuvo que abandonar su aparato o, incluso, el bolso, a la entrada del pabellón, cuando arrancó el llamamiento por orden alfabética desde cada una de las 30 puertas habilitadas para acceder a los pabellones. En apenas media hora, todos los candidatos estaban sentados y a punto para iniciar un examen con 93 preguntas, tipo test, sobre legislación. El tiempo estimado de duración eran 100 minutos, ampliables para las personas que precisaban adaptación de la prueba (mediante lupa, ordenador y otros sistemas). La plantilla de resultados ya puede consultarse desde ayer tanto en el pabellón trasdezano como en la página web de la Xunta. Los que consigan pasar la nota de corte tendrán que enfrentarse a dos exámenes más, de ofimática y de gallego.

Este primer examen contó con un despliegue de más de 150 personas, entre efectivos de seguridad, Protección Civil y funcionarios que se encargaron de llamar, vigilar y atender todas las incidencias. El recinto de la Semana Verde comenzó a llenarse casi dos horas antes del inicio de la prueba, con retenciones de tráfico puntuales en la salida de la AP-53. Entre los examinandos reinaba la resignación y la tranquilidad, ya que muchos de ellos se habían presentado anteriormente a oposiciones del Sergas o de municipios. Eso sí, todos hacían constar que la convocatoria se había realizado casi con sorpresa, "ya que salió en noviembre e, inicialmente, el examen iba a ser en junio", explica Patricia Fernández, llegada desde Santiago. A buena parte de los candidatos les animaba el hecho de que esta primera prueba coincidía, en contenido, con el temario que preparan para otros exámenes, como es el caso de José Manuel Pérez, de Vigo. Este joven trabajaba "en el sector pesquero y acabo de quedarme en paro. Me presenté también a las del Concello de Vigo, así que vengo a probar, aunque aquí acude gente de todas partes", añade.

Andalucía convoca las oposiciones para 2.389 plazas de profesores

El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles 27 de diciembre la convocatoria de 2.389 plazas de profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial para 2012.


Con esta oferta de empleo público, Andalucía habrá consolidado 16.313 nuevos puestos de profesionales docentes para la educación no universitaria en la presente legislatura, según la referencia hecha publica tras el Consejo de Gobierno.
Del total de plazas aprobadas para el próximo año, 1.922 corresponden a Educación Secundaria y el resto se reparte entre la Formación Profesional (219) y las Enseñanzas de Régimen Especial: Escuelas Oficiales de Idiomas (92), Música y Artes Escénicas (138) y Artes Plásticas y Diseño (18).
Por especialidades, en Secundaria el mayor número de plazas se destina a profesores de Geografía e Historia (425), Matemáticas (300), Lengua Castellana y Literatura (295) e Inglés (235).
En el caso de la Formación Profesional, destacan la oferta para Servicios a la Comunidad y Procedimientos Asistenciales y Sanitarios, con 40 cada una, así como Mantenimiento de Vehículos (35) y Sistemas y Aplicaciones Informáticas (30).
Como es habitual en todos los procedimientos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, se reserva un 5 % de las plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, recuerda la Oficina del Portavoz.
La convocatoria oficial se realizará en el primer trimestre del año y el concurso oposición será a finales de junio, de tal modo que los nuevos funcionarios se incorporarán a sus puestos a partir del 1 de septiembre.

Educación no convocará oposiciones de maestro para evitar un "efecto llamada"

La Consejería de Educación que presidía la socialista Rosa Eva Díaz Tezanos anunció en febrero que convocaría este año 65 plazas de maestro de Primaria, pero que las oposiciones no se realizarían hasta 2012 junto a las de Secundaria, en una decisión que provocó las críticas de los sindicatos y del PP.




Al ser preguntado por los periodistas tras una rueda de prensa, el consejero ha explicado hoy que la Consejería solo convocará las oposiciones de Secundaria, una decisión en la que la Administración y las organizaciones sindicales están "plenamente de acuerdo" para "defender los intereses" de los opositores de Cantabria.



"Yo no tendría ningún inconveniente, y ese era un poco el compromiso. Incluso, se llegó a hablar de convocar las plazas que no se habían convocado este año, pero cuando el proceso se ha analizado y se ha visto por parte de las personas implicadas y de sus representantes sociales que no era conveniente, lo que ha habido es un acuerdo entre la Consejería y los sindicatos de que no es oportuno", ha señalado Serna, que ha agregado que el número de plazas estará "muy condicionada" por la situación económica.



Ha precisado que la intención de la Consejería es convocar "cuantas más plazas mejor", aunque la cifra deberá ajustarse a lo que determinen las leyes de Presupuestos estatal y regional y se abordará con las organizaciones sindicales.



Además, el consejero ha indicado que de cara al próximo curso no se aplicarán los recortes en el servicio comedor y transporte escolar que, según ha apuntado, había previsto el anterior Gobierno del PRC y el PSOE.



Serna ha resaltado que la Consejería no cerrará aulas de dos años, aunque cualquier incremento deberá estar "justificado", al igual que la política de nuevos centros.



"Sabemos que el presidente tiene el compromiso de no reducir los recursos para Educación, y lo que sí podemos garantizar es que no vamos a cerrar lo que tenemos", ha afirmado.



El titular de Educación ha añadido que "habrá que sacar el dinero de donde se pueda" porque esta área, al igual que la sanidad, debe ser "una prioridad".



"Yo creo que (la necesidad) es incluso más perentoria en educación, porque en sanidad uno puede decir no me cures hoy pero me curas pasado mañana", ha apostillado Serna. "Al niño de dos años no se le puede decir que la educación se le vamos a dar el año que viene", ha remachado.



Sobre el posible cierre de centros, el consejero ha explicado que "el 99 por ciento" de las decisiones que se adoptan son "técnicas" y provienen "de los inspectores".



Este año la Consejería ha cerrado dos escuelas en las que había un escaso número de alumnos. Serna ha añadido que se trata "de un proceso muy normal", que también incluye la apertura de aulas (este año hay 43 unidades de Infantil y Primaria más y una cifra semejante en Secundaria).



En cuanto a las ayudas para la compra de libros de texto, ha dicho que este año se ha "respetado" lo convocado con anterioridad, pero ha considerado que "quizás" en ocasiones anteriores no se "ha controlado demasiado" el proceso.



Por otro lado, ha descartado "de momento" aplicar la propuesta que hizo el PP para que fueran los centros los que compraran y gestionaran los libros de texto, con ayudas de la Consejería.



Interinos "indignados" con las oposiciones de maestro

Un grupo de interinos de la Comunidad de Madrid han elaborado un comunicado en el que muestran su "indignación" por los criterios en los que se basarán las próximas oposiciones al cuerpo de maestros y han criticado que la Consejería de Educación y Empleo quiera reducir "al máximo" el punto de la experiencia.




En la misiva, recogida por Europa Press, una maestra, Paula Torres, como portavoz del grupo destaca que "todavía" no dan "crédito" a lo que han leído en la convocatoria de oposiciones de este año. "Como si no hubiéramos tenido bastante con el juego que se han traído con nosotros de 'ahora sí hay oposiciones, ahora no...'", han señalado.



Según explican, muchos de los actuales interinos han sacado "nueves y dieces en los exámenes" porque tenían "todo el tiempo del mundo para estudiar" o porque tuvieron "la suerte" de que les tocara "uno de los pocos temas" que se sabían.



"En aquellos tiempos lo que contaba para sacar la plaza era la experiencia, cosa lógica, porque esos nueves o dieces sólo significaban que nos sabíamos el tema; pero ahora que sabemos dar clase y que tenemos toda esa experiencia, no nos vale", han manifestado.



Para estos profesores, es precisamente esta experiencia "la que te hace ser bueno en cualquier profesión y no la nota de un examen" y ahora, que tienen "familias y poco tiempo para estudiar", ya no les vale. "Nos la quieren reducir al mínimo y, encima, por otra parte, nos quieren poner uno de los exámenes sacado de no se sabe dónde y que no hemos podido prepararnos", han criticado.



"¿Qué pasa que en Magisterio no nos indignamos nunca, no vamos a hacer nada?", se han preguntado, al tiempo que se preguntan por qué no dejan las oposiciones para el verano que viene con todas las plazas que les "prometió" la consejera, Lucía Figar, y así "no hacer dichas oposiciones ahora para sólo conseguir migajas".

Sin Oposiciones libres desde 1993

La Diputación de Sevilla lleva casi 20 años sin ofertar plazas de empleo público, según denunció ayer la diputada del PP, Virginia Pérez, que advirtió del «oscurantismo» del organismo provincial en las fórmulas de acceso y contratación de personal. Pérez señaló así que la última convocatoria para puestos de funcionarios publicada por la Diputación se remonta a 1993, cinco años más tarde en el caso del personal laboral.




Según explicó, la Corporación cuenta con 1.900 empleados entre funcionarios y personal laboral, de los que 300 se encuentran vacantes, o lo que es lo mismo, presupuestados pero no cubiertos. Completan la plantilla otros 462 trabajadores más procedentes del Opaef (218), Sevilla Activa (32), Inpro (76), Casa de la Provincia (8) y Prodetur 128, según los datos del último ejercicio presupuestario. «Hace 18 años que no existe ningún tipo de oferta de empleo público, pero sí se van cubriendo esas plazas sin ningún tipo de criterio que aporten sentido común», subrayó Pérez que recordó que ya hubo una sentencia en 1998 que anuló parte de la última convocatoria por «no ajustarse las bases a derecho».



Contratos «fraudulentos»



Al hilo, la diputada popular volvió a denunciar como hiciera recientemente el portavoz del PP en el Organismo Provincial, Eloy Carmona, los «fraudulentos» contratos laborales «de alta dirección» de los alcaldes socialistas de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez como vicepresidente del Opaef; Constantina, Mario Martínez, como vicepresidente de la Sociedad Sevilla Activa, y la regidora de Osuna, Rosario Andújar, como coordinadora del área de Formación Continua de la Administración provincial. «Tienen una dedicación de 37,5 horas semanales y un sueldo importante, pero cuando nos vamos al estatuto básico del empleado público, estos contratos no se pueden hacer», apuntó Pérez que añadió que no solo afecta a los vicepresidentes ejecutivos sino que también «a los gerentes» de las empresas públicas y organismos autónomos.



Pérez criticó en este sentido que pese a que la ley dispone que en las contrataciones debe darse, además de procesos de publicidad y concurrencia, un «ajuste» a los principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, «al final, terminan adjudicados a dedo a señores políticos del partido socialista». Cree que la Diputación Provincial supone «todo un coladero o colocadero» de dirigentes del PSOE con casos «tan significativos» como el gobierno de la Mancomunidad de la Sierra Norte aprobado recientemente y donde «están colocados alcaldes y concejales». Ante la «falta de claridad» en la política de contratación, el PP decidió ayer solicitar por registro un informe sobre la plantilla en nómina de la Diputación y entidades dependientes, después de que «nos lo hayan negado en varias ocasiones». «Sólo —agregó— nos encontramos opacidad porque no se traslada información ni a los sindicatos ni a la oposición lo que impide el derecho fundamental de que hagamos una labor de fiscalización».



Pérez, que avanzó que su grupo llevará una propuesta a pleno para exigir «más transparencia» en la política de personal, precisó que ya existen «condenas» que revelan la falta de información por parte de la Diputación por lo que anunció que si no se facilita al PP el informe de vida laboral antes de septiembre, acudirán «a otros mecanismos».



«No entendemos cómo una institución como la Diputación no tiene una relación de puestos de trabajo cuando municipios como Cantillana con 10.000 habitantes, sí la tienen», sentenció.



El alcalde de Constantina, «colocado» en Sevilla Activa sin haber hecho una sola VPO

La diputada del PP, Virginia Pérez, insistió ayer en que la «opacidad» del equipo de Gobierno de la Diputación tiene «mucho que ver» con el tipo de contratación y de las personas que se contratan» pues «prima por encima del mérito, el carné de un partido político». «No se puede –dijo— pedir austeridad a los consistorios y luego ceder el ancho del embudo a alcaldes socialistas». Pérez arremetió ayer precisamente contra el regidor de Constantina, Mario Martínez, «colocado» por el PSOE en la vicepresidencia de la Sociedad Sevilla Activa a pesar de que «no ha hecho ni una sola VPO en su pueblo en todos los años que lleva como alcalde». «Este señor, que no tiene estudios universitarios y es policía local de profesión, cobra 60.000 euros por llevar, en teoría, la vicepresidencia ejecutiva del ente público que se dedica a hacer en toda la provincia de Sevilla la vivienda pública», advirtió. Pérez considera que «en toda la provincia de Sevilla, debe haber alguien más capacitado y cualificado para llevar la dirección de la política de vivienda de Sevilla». «Ese ejemplo —añadió— se puede extrapolar al resto de puestos donde se ha colocado a aquellos políticos del PSOE que se han quedado descolgados de alguna administración».

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